Bolivia atraviesa una encrucijada económica compleja y preocupante. En un intento por aliviar las presiones sobre los trabajadores, el gobierno decretó a principios de 2025 un incremento del 10% en el Salario Mínimo Nacional (SMN), elevándolo a Bs 2.750 (aproximadamente US$395 al tipo de cambio oficial). Sin embargo, esta medida, implementada a pesar de las serias advertencias de gremios empresariales y economistas sobre su viabilidad en un contexto de finanzas públicas deterioradas, parece ser un espejismo en el desierto económico que enfrentan los bolivianos. Lejos de representar un alivio real, el poder adquisitivo de quienes perciben este salario mínimo se ha desplomado drásticamente desde el año anterior, mientras el fantasma de la informalidad laboral, que ya ostentaba cifras récord, amenaza con alcanzar niveles sin precedentes, posiblemente rozando el 90% de la fuerza laboral.
El Aumento Salarial del 10%: Una Medida Controvertida en Tiempos Turbulentos
A comienzos de mayo de 2025, el Gobierno boliviano oficializó el incremento del Salario Mínimo Nacional (SMN) en un 10%, fijándolo en Bs 2.750 mensuales. La decisión se produjo en un contexto de intensas presiones sociales por la pérdida de poder adquisitivo y un escenario macroeconómico marcado por crecientes desafíos: menguantes reservas internacionales, presiones sobre el tipo de cambio y una inflación que, aunque oficialmente contenida en ciertos índices, se siente con fuerza en los bolsillos de los ciudadanos.
La medida gubernamental optó por priorizar la mejora nominal de los ingresos de los trabajadores formales con menores salarios, desoyendo las voces de alerta provenientes de diversos sectores económicos, incluyendo gremios empresariales y colegios de economistas. Estas entidades advertían sobre las potenciales consecuencias negativas del aumento en un tejido empresarial ya debilitado y en las finanzas públicas. Argumentaban que un incremento salarial no sustentado en mejoras de productividad o en un contexto económico favorable podría:
- Acelerar la inflación: Al inyectar más dinero nominal en la economía sin un respaldo real en producción, se corre el riesgo de que los precios aumenten aún más, erosionando rápidamente cualquier ganancia salarial.
- Fomentar la informalidad: Empresas, especialmente las pequeñas y medianas (PyMEs), que luchan por sobrevivir, podrían verse forzadas a operar al margen de la ley para evitar los costos laborales incrementados, o incluso a cerrar.
- Aumentar el desempleo formal: Algunas empresas podrían optar por reducir personal para poder afrontar los nuevos costos salariales.
- Dificultar la competitividad: El aumento de los costos laborales podría hacer menos competitivas a las empresas bolivianas frente a las de otros países.
El gobierno, sin embargo, se enfrentaba a un dilema crucial: permitir que el poder adquisitivo continuara deteriorándose aceleradamente, con el consecuente malestar social, o intentar paliar la situación mediante el aumento del SMN, asumiendo los riesgos económicos asociados. La decisión final se inclinó por la segunda opción, una apuesta cuyos resultados reales están demostrando ser, cuanto menos, preocupantes.
La Cruda Realidad: El Desplome del Poder Adquisitivo
El núcleo del problema reside en la dramática diferencia entre el aumento nominal del salario y la evolución de su valor real, es decir, su capacidad efectiva para adquirir bienes y servicios. Aquí es donde las cifras se vuelven alarmantes.
Según un informe del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, si bien el salario nominal experimentó un crecimiento del 10% respecto al valor de 2024 (que era de Bs 2.500), su valor real, medido contra las estadísticas oficiales de inflación, ya mostraba una caída significativa. Luis Fernando Romero Torrejón, presidente de dicha institución, fue contundente: “Actualmente, el salario nominal creció en un 10% respecto al del 2024, pero en términos reales (estadísticas oficiales) ha caído en un 25% aproximadamente”.
Esta cifra, basada en indicadores oficiales, ya es de por sí preocupante, pues implica que, a pesar de recibir más bolivianos en su nómina, el trabajador promedio que gana el mínimo puede comprar un cuarto menos de lo que podía comprar antes con ese salario, según la inflación reconocida oficialmente.
Sin embargo, la situación percibida en el mercado cotidiano, donde los ciudadanos realizan sus compras diarias, parece ser aún más grave. Romero Torrejón añade una estimación que refleja la sensación popular y el impacto de factores no siempre capturados completamente por los índices oficiales: “Posiblemente, el mismo, en términos de poder de compra (mercado), ha rebajado al menos en un 50% (hasta posiblemente el 70%) desde el año pasado”.
Esta estimación sugiere una catástrofe para las economías familiares dependientes del salario mínimo. Hablar de una reducción del 50% al 70% en la capacidad de compra significa que el salario actual apenas alcanza para cubrir entre la mitad y un tercio de lo que cubría en el periodo anterior. Implica que necesidades básicas como alimentación, vivienda, transporte y salud se vuelven cada vez más difíciles de satisfacer, empujando a miles de familias hacia una mayor precariedad.
¿Qué explica esta brutal caída del poder adquisitivo?
Dos factores principales interactúan de forma perversa:
- La Inflación (Devaluación Inflacionaria): El aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios es el principal culpable directo. Aunque las cifras oficiales de inflación puedan mostrar valores moderados en algunos periodos, la percepción ciudadana y análisis independientes apuntan a una inflación «real» o «sentida» mucho mayor, especialmente en productos de la canasta básica familiar y bienes importados. Esta inflación «come» el valor del dinero día a día. El informe del Colegio de Economistas de Tarija subraya que el aumento salarial no logra «ni recuperar ni cubrir la pérdida del poder adquisitivo de los bolivianos por la inflación generada en esta y la anterior gestión».
- La Devaluación Cambiaria (El Factor Dólar): La creciente brecha entre el tipo de cambio oficial del dólar estadounidense (fijado por el gobierno) y el tipo de cambio en el mercado paralelo (mercado negro o informal) agrava la situación. Muchos bienes en Bolivia, o sus insumos, son importados y sus precios están directa o indirectamente ligados al dólar. Cuando el dólar paralelo sube, el costo de reposición de estos bienes aumenta, trasladándose a los precios finales que paga el consumidor, incluso si el tipo de cambio oficial permanece estático.
El Dólar Paralelo: Un Termómetro de la Devaluación Real
El informe del Colegio Departamental de Economistas de Tarija pone un énfasis especial en cómo la devaluación del boliviano frente al dólar en el mercado paralelo pulveriza el valor del salario mínimo. El análisis es claro y directo:
- En 2024: El salario mínimo era de Bs 2.500. Al tipo de cambio oficial (aproximadamente Bs 6.96 por dólar), equivalía a unos US$359. Este era el valor «oficial» del salario en moneda dura.
- Sin embargo, en el mercado paralelo: Donde muchos agentes económicos realmente acceden a la divisa ante la escasez en el mercado oficial, esos mismos Bs 2.500 solo equivalían a US$217. Esto ya representaba una pérdida de valor implícita de casi el 40% respecto al valor oficial.
La situación en 2025, con el nuevo salario de Bs 2.750, no ha mejorado, sino que probablemente ha empeorado. Si la brecha cambiaria se ha mantenido o ampliado (como sugieren reportes informales), el valor real del nuevo salario mínimo en términos de dólares accesibles en el mercado paralelo es aún menor proporcionalmente.
Romero Torrejón lo explica de manera sencilla pero lapidaria: “A manera que suba el precio del dólar paralelo, nuestro salario valdrá cada vez menos (devaluación cambiaria). Y de igual manera, si sigue aumentando los precios, este salario también valdrá menos por la pérdida de su poder adquisitivo (devaluación inflacionaria)”.
Esta «doble devaluación» (inflacionaria y cambiaria en el mercado paralelo) crea una tormenta perfecta que diezma la capacidad de compra de los salarios fijados en bolivianos. Los trabajadores ven cómo su esfuerzo se traduce en una capacidad cada vez menor para adquirir no solo bienes importados, sino también productos locales cuyos costos de producción están influenciados por el precio de insumos importados o por la expectativa de inflación generalizada atada al valor del dólar.
El Monstruo de Mil Cabezas: La Informalidad Laboral Galopante
Paralelamente a la crisis del poder adquisitivo, Bolivia enfrenta otro problema estructural de enormes proporciones: la altísima tasa de informalidad laboral. Este fenómeno no es nuevo, pero las cifras recientes y las proyecciones son alarmantes y contextualizan por qué el debate sobre el salario mínimo, aunque importante, afecta directamente a una porción cada vez más reducida de la fuerza laboral.
El informe del Colegio de Economistas de Tarija, citando datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) correspondientes a 2023, indica que la informalidad laboral en Bolivia alcanzaba el 84,5%. Esta cifra ya era, según el reporte, “el indicador más alto de Latinoamérica y el Caribe”. La informalidad afecta de manera ligeramente distinta por género, siendo del 82,7% para los hombres y alcanzando un preocupante 86,5% para las mujeres.
Estas cifras implican que más de 8 de cada 10 trabajadores bolivianos operan al margen de la legislación laboral formal. Esto significa que carecen de:
- Contratos de trabajo estables y regulados.
- Acceso a beneficios sociales (seguro de salud, aportes de jubilación, aguinaldos, vacaciones pagadas).
- Protección contra despidos arbitrarios.
- Condiciones laborales seguras y saludables garantizadas por ley.
- En muchos casos, ni siquiera alcanzan a percibir el salario mínimo nacional.
La Proyección más Sombría: ¿Hacia el 90% de Informalidad?
Lo más preocupante es que la situación, lejos de mejorar, parece estar empeorando. Basándose en la «actual crisis económica que arrastra el país, con una combinación de bajo crecimiento económico y alta inflación», los economistas de Tarija estiman que la informalidad laboral podría haber llegado hasta un 90% en 2025.
Si esta estimación es correcta, significaría que solo 1 de cada 10 trabajadores en Bolivia tiene un empleo formal con todos los derechos y protecciones que la ley contempla. El 90% restante se encontraría en una situación de vulnerabilidad, precariedad y desprotección.
¿A Quién Beneficia Realmente el Aumento del Salario Mínimo?
Ante un panorama con hasta un 90% de informalidad, surge una pregunta inevitable: ¿Cuál es el impacto real y el alcance del reciente aumento del salario mínimo? La respuesta es desalentadora: su efecto directo es muy limitado.
El aumento del SMN a Bs 2.750 solo beneficia, en teoría, a los trabajadores del sector formal que antes de la medida percibían un salario inferior a esta nueva cifra. Luis Fernando Romero Torrejón señala que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el primer trimestre de 2025, solo unas 753.000 personas tienen un empleo formal en el área urbana.
Pero incluso dentro de este grupo relativamente pequeño, el beneficio no es universal. El aumento solo impacta directamente a aquellos cuyo salario base estaba por debajo de los Bs 2.750. Aquellos trabajadores formales que ya ganaban esa cifra o más no ven un incremento directo por esta medida (aunque podría tener efectos indirectos en negociaciones salariales futuras).
Además, existe la preocupación de que, como se mencionó antes, el aumento pueda llevar a algunas empresas formales a reducir personal o a pasar parte de sus operaciones a la informalidad para eludir el mayor costo laboral, lo que podría incluso reducir el número neto de beneficiarios.
En resumen, el aumento del SMN, aunque políticamente significativo, tiene un alcance directo muy restringido en una economía donde la gran mayoría de la fuerza laboral opera en la informalidad, sin garantías salariales mínimas ni beneficios sociales.
La Ilusión del Bajo Desempleo y la Realidad de la Precariedad
Oficialmente, Bolivia presenta una tasa de desocupación urbana relativamente baja. Según el INE, esta cifra se situaba en un 3,9% en periodos recientes. Sin embargo, como advierte Romero Torrejón, este número «no reflejaría la realidad de una economía altamente informal».
En países con altos niveles de informalidad, una baja tasa de desempleo abierto no necesariamente indica un mercado laboral saludable. Lo que suele ocurrir es que las personas, ante la falta de seguros de desempleo robustos y la necesidad imperiosa de generar ingresos para subsistir, aceptan cualquier tipo de ocupación, por precaria que sea. No figuran como desempleados, pero tampoco tienen un empleo de calidad.
El economista describe esta realidad: “Se ha visto un incremento notable de trabajos por cuenta propia, sin goce de beneficios sociales, ni cobertura de salud, sin ganar siquiera el mínimo nacional, con un deterioro claro de calidad del empleo y de las condiciones laborables”.
Este ejército de trabajadores por cuenta propia, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes informales, trabajadores a destajo y empleados en microempresas no registradas constituye el grueso de la fuerza laboral boliviana. Son personas que trabajan, a menudo largas jornadas, pero en condiciones de alta vulnerabilidad y con ingresos insuficientes e inestables, muy por debajo de lo que garantizaría una vida digna.
Cambios Estructurales: El Auge del Empleo de Baja Productividad
La dinámica del mercado laboral boliviano también muestra tendencias estructurales preocupantes, según análisis de organismos internacionales como el Banco Mundial. Un informe reciente con datos hasta 2025 revela un patrón de cambio en la composición del empleo que agrava los problemas de calidad y productividad.
Bolivia experimentó un aumento en la proporción del empleo en varios sectores de baja productividad y, simultáneamente, una disminución en la participación de los sectores de alta productividad.
Es interesante notar que, entre 2016 y 2024, Bolivia lideró la región en términos de tasa de creación de empleo, con un impresionante 4,4% anual. Este crecimiento fue impulsado, en parte, por el rápido aumento de la población en edad de trabajar. Sin embargo, la calidad de esos empleos generados es cuestionable.
El Banco Mundial indica: “Si bien el sector primario con baja productividad de Bolivia disminuyó en términos de su participación en el empleo, otros sectores informales y de baja productividad, como el comercio minorista y la hostelería, absorbieron una mayor proporción de los puestos de trabajo”.
Este desplazamiento hacia sectores de servicios de baja productividad y, a menudo, alta informalidad (como el comercio minorista o la venta de comida) explica en parte por qué, a pesar de la creación de puestos de trabajo, los salarios reales pueden estancarse o disminuir y la informalidad puede seguir creciendo. Son sectores que típicamente ofrecen empleos con bajos salarios, pocas oportunidades de desarrollo profesional y escasa protección social. La economía genera ocupación, pero no necesariamente empleos dignos ni productivos que impulsen un desarrollo sostenible.
Voces de Alerta y el Camino a Seguir
Las advertencias del Colegio Departamental de Economistas de Tarija y de su presidente, Luis Fernando Romero Torrejón, resuenan como un llamado de atención urgente. La combinación de un poder adquisitivo en caída libre (estimado entre 50% y 70% de pérdida real en el mercado), una inflación persistente, la presión del dólar paralelo y una informalidad que podría rozar el 90%, dibuja un panorama extremadamente delicado.
La insistencia en medidas como el aumento nominal del salario mínimo, sin abordar los problemas estructurales de fondo, corre el riesgo de ser contraproducente. Si bien puede ofrecer un alivio temporal y nominal a un segmento muy reducido de la población, no resuelve la crisis de poder adquisitivo generalizada y puede exacerbar la informalidad y las presiones inflacionarias.
Los desafíos para Bolivia son enormes y requieren un enfoque integral que vaya más allá de ajustes salariales nominales:
- Estabilización Macroeconómica: Controlar la inflación y reducir la brecha cambiaria son pasos cruciales para proteger el poder adquisitivo. Esto requiere políticas fiscales y monetarias prudentes y consistentes.
- Lucha Frontal contra la Informalidad: Se necesitan estrategias multifacéticas para reducir la informalidad, que podrían incluir la simplificación de trámites para formalizar empresas, incentivos fiscales, mejora de la inspección laboral y programas de capacitación para mejorar la empleabilidad en el sector formal.
- Fomento de la Productividad: Impulsar sectores de mayor valor agregado y productividad es esencial para generar empleos de mejor calidad y salarios sostenibles. Esto implica inversiones en educación, tecnología e infraestructura.
- Diálogo Social: Es fundamental un diálogo constructivo entre gobierno, empleadores y trabajadores para encontrar soluciones equilibradas y sostenibles a los desafíos laborales y económicos.
- Protección Social: Fortalecer y ampliar los mecanismos de protección social para los trabajadores informales y las familias más vulnerables es crucial para mitigar el impacto de la crisis.
Conclusión: Una Encrucijada Crítica para Bolivia
La situación del poder adquisitivo del salario mínimo en Bolivia en 2025 es un reflejo de una crisis económica más profunda y compleja. El reciente aumento nominal del 10% se ve eclipsado por una dramática caída del valor real del salario, estimada entre un 50% y un 70% en términos de capacidad de compra real en el mercado, impulsada por la inflación y la devaluación frente al dólar paralelo.
Al mismo tiempo, la economía boliviana se ahoga en un mar de informalidad laboral, con estimaciones que la sitúan cerca del 90%, la más alta de la región. Esto significa que la gran mayoría de los trabajadores carecen de derechos laborales básicos, protección social y, a menudo, de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades fundamentales. El aumento del salario mínimo, en este contexto, tiene un impacto directo muy limitado.
Los datos del Banco Mundial sobre el desplazamiento del empleo hacia sectores de baja productividad completan un cuadro preocupante: Bolivia genera ocupación, pero no necesariamente empleos de calidad que permitan mejorar el nivel de vida de su población de manera sostenible.
Ignorar las advertencias de los expertos y continuar con medidas paliativas sin abordar las causas estructurales puede profundizar la crisis. Bolivia se encuentra en una encrucijada crítica que exige políticas valientes, integrales y consensuadas para estabilizar la economía, formalizar el empleo, impulsar la productividad y, sobre todo, recuperar la capacidad de sus ciudadanos para vivir dignamente de su trabajo. El futuro económico y social del país depende de las decisiones que se tomen hoy.