Las autoridades del régimen de Irán intensificaron este sábado su represión contra las protestas que se extienden por varias ciudades del país, advirtiendo que cualquier persona que participe o colabore en las manifestaciones será considerada un “enemigo de Dios”, un cargo que, bajo la legislación iraní, puede ser castigado con la pena de muerte. La advertencia fue difundida por televisión estatal en medio de un panorama de aislamiento informativo y censura.
Gobierno iraní endurece su respuesta a las protestas
El fiscal general iraní, Mohammad Movahedi Azad, declaró que quienes participen o brinden apoyo a los manifestantes podrán ser acusados de un delito grave tipificado como “enemistad contra Dios”, que bajo el código penal persa conlleva la pena capital. Azad instó a los fiscales a preparar los procesos judiciales “rápida y decisivamente”, sin mostrar indulgencia ni clemencia hacia los acusados.
Los duros señalamientos se produjeron tras casi dos semanas de protestas masivas en todo Irán, que comenzaron a finales de diciembre por el colapso económico, la inflación y la crisis del rial, y que desde entonces han evolucionado hacia un rechazo mayor al liderazgo político y religioso del país.
Violencia, represión y apagón de internet
Organizaciones de derechos humanos, como la Human Rights Activists News Agency (HRANA), han documentado cifras de al menos 72 personas fallecidas y más de 2 300 detenidos entre los manifestantes y ciudadanos implicados en las movilizaciones. Sin embargo, el número real de víctimas no puede confirmarse con precisión debido al apagón de internet impuesto a nivel nacional, que limita el acceso a comunicaciones y la verificación independiente de los hechos.
Las protestas, que se han extendido a barrios de Teherán y a ciudades como Mashhad, Tabriz, Qom, Shiraz y Bandar Abbas, han confrontado a manifestantes con fuerzas de seguridad, mientras que la televisión estatal ha transmitido funerales de miembros de los aparatos de seguridad en un intento por mostrar control del régimen.
Reacciones internacionales y derechos humanos
Organismos internacionales y gobiernos extranjeros han expresado su preocupación por la escalada de la represión. Amnistía Internacional y otros grupos han denunciado el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, y la Unión Europea, a través de su presidenta Ursula von der Leyen, ha condenado enérgicamente las acciones del régimen, instando al respeto de los derechos fundamentales y la liberación de los detenidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, también ha manifestado el apoyo de Estados Unidos al pueblo iraní ante la violencia desatada.
Contexto de las protestas
Los disturbios comenzaron el 28 de diciembre, inicialmente en el Gran Bazar de Teherán, como una respuesta ciudadana a la difícil situación económica y al deterioro de las condiciones de vida, antes de transformarse en manifestaciones más amplias que cuestionan directamente al liderazgo político y religioso de Irán.
La amenaza de castigos extremos, incluida la pena de muerte, representa un duro escalón en la respuesta estatal y subraya la tensión entre la población y un régimen dispuesto a usar medidas severas para detener el descontento social.