El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia promulgó el Decreto Supremo N° 5517, mediante el cual se declara emergencia energética y social en todo el territorio nacional ante el contexto de inflación, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles que afecta al país. La medida, aprobada por el presidente Rodrigo Paz Pereira y su gabinete, incorpora disposiciones excepcionales e inmediatas para garantizar el suministro de energía, reactivar la producción y dar certeza a la población en medio de la compleja situación económica actual.
¿Qué establece el Decreto Supremo 5517?
El Decreto Supremo 5517 declara la emergencia energética y social en Bolivia con el objetivo de enfrentar los efectos del proceso inflacionario, la falta de reservas de dólares y la escasez de combustibles que han generado largos tiempos de espera en surtidores y dificultades logísticas en diferentes sectores productivos.
Medidas clave incluidas en la norma
- Autorización de importación, venta y comercialización de combustibles — La norma permite a cualquier persona natural o jurídica privada importar y comercializar derivados de petróleo a precio de importación o pre-terminal, siempre que cuenten con capacidad de almacenaje adecuada, bajo una política de acceso no discriminatorio.
- Suspensión temporal del diésel como sustancia controlada — Para garantizar un abastecimiento continuo y oportuno de combustibles utilizados en el transporte, la producción y la agroindustria, el decreto dispone la suspensión de la inclusión del diésel en la lista de sustancias controladas por un periodo inicial de un año, con posibilidad de prórroga normativa.
- Facilidades para reactivar la producción — Las acciones buscan reactivar sectores productivos, dinamizar la economía e impactar positivamente en los costos logísticos, la producción y el transporte en todas las regiones del país.
¿Por qué se declara esta emergencia?
El Gobierno argumenta que la emergencia energética y social responde a una crisis estructural en la economía boliviana, marcada por:
- La presión inflacionaria que erosiona el poder adquisitivo.
- La escasez de dólares que limita las importaciones estratégicas.
- Los problemas de abastecimiento de combustibles que afectan al transporte, la producción agrícola e industrial.
Estas condiciones han repercutido en la calidad de vida de la población y en la operatividad de sectores clave de la economía nacional.
¿Qué impacto puede tener la medida?
Expertos y actores del sector energético consideran que las medidas adoptadas por el Decreto Supremo 5517 pueden:
- Facilitar el ingreso de combustibles al mercado, al permitir operaciones privadas en un contexto donde la oferta estatal se ha visto limitada.
- Reducir presiones de desabastecimiento, particularmente en zonas rurales y urbanas con mayor demanda.
- Atraer inversión privada en infraestructura de almacenaje y distribución de energía.
No obstante, especialistas en hidrocarburos señalan que, si bien estas medidas son urgentes, la solución de fondo requerirá reformas estructurales que fortalezcan la producción interna de combustibles y reduzcan la dependencia de importaciones.
Plazos y procedimientos
El decreto establece que las medidas tienen carácter excepcional, inmediato y temporal, con una vigencia inicial de un año para las disposiciones sobre combustibles y el diésel. Las instituciones como la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías deberán ajustar sus procedimientos en plazos definidos para permitir la implementación de las nuevas reglas.
Conclusión
La declaración de emergencia energética y social con el Decreto Supremo 5517 establece un conjunto de medidas destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles, impulsar la producción y mitigar los efectos de la crisis económica en Bolivia, en un contexto de fuertes presiones inflacionarias y limitaciones de oferta. La respuesta del Estado apunta a generar condiciones más flexibles y abiertas para el sector energético y productivo, aunque expertos coinciden en que será necesario avanzar hacia soluciones de mediano y largo plazo para consolidar la estabilidad económica.