La Fiscalía General del Estado admitió una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales y otras 11 personas por el presunto delito de trata y tráfico de personas, en un caso que se remonta al año 2015 y que involucra a una menor de edad identificada como Noemí, según confirmaron fuentes oficiales del Ministerio Público este lunes 5 de enero de 2026.
La admisión del caso marca un nuevo episodio judicial de alto impacto político en Bolivia, al tratarse de hechos que habrían ocurrido cuando Morales ejercía la Presidencia del Estado.
¿De qué trata la denuncia contra Evo Morales?
La denuncia sostiene que Evo Morales habría mantenido una relación con una menor de edad, lo que derivó en un presunto caso de trata de personas con fines de explotación, con la participación de funcionarios y colaboradores que habrían facilitado el ocultamiento de los hechos.
De acuerdo con la acusación, los hechos habrían ocurrido en 2015, cuando la víctima era menor de edad, y habrían sido encubiertos durante varios años, impidiendo que el caso avance judicialmente en su momento.
Fiscalía admite el caso e inicia investigación formal
La Fiscalía confirmó que la denuncia cumple con los requisitos legales para su admisión, lo que permite abrir una investigación preliminar contra los denunciados. En esta etapa, el Ministerio Público deberá:
- Recolectar declaraciones de testigos
- Revisar documentos y antecedentes del caso
- Evaluar posibles responsabilidades penales
La admisión no implica una condena, pero sí habilita a los fiscales a profundizar en los hechos denunciados y determinar si corresponde avanzar a una imputación formal.
Los 11 implicados y la posible red de encubrimiento
Además de Morales, la denuncia alcanza a 11 personas, presuntamente vinculadas a su entorno político y personal durante el periodo señalado. La acusación apunta a una estructura organizada que habría colaborado para ocultar la situación de la menor, facilitar traslados y evitar denuncias públicas.
Este punto será clave para la investigación, ya que podría configurar agravantes dentro del delito de trata y tráfico de personas.
Contexto legal: trata y tráfico de personas en Bolivia
La legislación boliviana considera la trata y tráfico de personas como un delito grave, especialmente cuando involucra a menores de edad, con penas que pueden superar los 15 años de prisión, dependiendo de los agravantes.
Organismos de derechos humanos han reiterado que este tipo de delitos deben ser investigados sin importar el cargo o jerarquía de los involucrados, debido a su impacto social y a la vulnerabilidad de las víctimas.
Reacciones políticas y sociales
La admisión de la denuncia generó reacciones inmediatas en el ámbito político y social. Sectores opositores exigieron una investigación imparcial y transparente, mientras que aliados del exmandatario calificaron la denuncia como un ataque político en un contexto de alta polarización nacional.
Hasta el momento, Evo Morales no emitió un pronunciamiento oficial tras la decisión de la Fiscalía.
¿Qué sigue ahora en el proceso?
Con la denuncia admitida, el Ministerio Público deberá determinar:
- Si existen elementos suficientes para imputar formalmente a los denunciados
- Si corresponde convocar a declaraciones informativas
- Si se solicitarán medidas cautelares
El avance del proceso dependerá del resultado de la investigación preliminar y de la valoración de las pruebas recolectadas.
Conclusión
La admisión de la denuncia contra Evo Morales por presunta trata de una menor en 2015 abre un nuevo capítulo judicial con fuertes implicaciones políticas y sociales en Bolivia. El caso pone nuevamente en debate la responsabilidad penal de exautoridades y la necesidad de garantizar justicia en delitos que afectan a menores de edad, independientemente del poder o influencia de los involucrados.