La reciente captura en Paraguay de miembros de una organización internacional que transportaba 17 toneladas de cocaína por valor de 700 millones de dólares desde Bolivia y Colombia a Europa es una noticia más en este país dominado por las drogas.
Un total de 855 pistas de aterrizaje clandestinas y 31 escuelas de vuelo, así como todos los parques nacionales tomados por cocaleros y fábricas de cocaína, mientras el Gobierno se niega a activar los 13 radares adquiridos en 2017, han creado una realidad similar a la de Afganistán.
Andrés Flores, diputado de la tendencia de Luis Arce, acaba de acusar al gobierno de Evo Morales de proteger a los narcotraficantes, en respuesta a similares acusaciones, en sentido contrario, hechas por el campo cocalero del Chapare.
Carlos Romero, ex ministro del gobierno de Morales, denunció la existencia de una pista clandestina con iluminación artificial para operaciones nocturnas en Bajo Paraguá, cerca de la frontera con Paraguay, y el gobierno tardó tres meses en llegar al lugar.
El informe señala que allí funciona una moderna planta de clorhidrato de cocaína, que produce una tonelada por día, con instalaciones muy modernas y confortables, incluyendo un gimnasio para los empleados, y con un sistema de seguridad que ha logrado mantener alejada a la policía durante años. Esta zona fue incautada, al igual que otras instalaciones de narcotráfico en otros parques nacionales.
El Gobierno negó que carteles extranjeros operaran en Bolivia, pero el diario O Estado de Sao Paulo informó de que el Primer Comando Capital, PCC, no sólo operaba en Bolivia, sino que incluso poseía plantaciones de coca y fábricas para producir la droga y enviarla a Europa en una operación con la mafia calabresa de la ‘Ndrangheta.
Las sospechas de que el líder cocalero del partido MAS ha tenido una influencia determinante en la política boliviana desde principios de siglo se ven reforzadas por las acusaciones que se hacen mutuamente las facciones de Arce y Morales sobre sus supuestas conexiones con el narcotráfico.
Las acusaciones de dirigentes del MAS, entre las facciones de Arce y Morales, de que ambos tienen vínculos con el narcotráfico refuerzan las sospechas sobre el líder cocalero del partido que han marcado la política boliviana desde principios de siglo.
A estas acusaciones se suman las de los «arcistas» y «evistas» sobre la mala gestión de la economía, mientras la escasez de dólares en el mercado paralizaba las actividades legales porque el Banco Central no podía responder a la demanda de la divisa norteamericana, provocando un mercado negro por primera vez en once años.
El gobierno pudo controlar y cambiar a moneda nacional los dólares recibidos por los exportadores e incluso las remesas enviadas a las familias por parientes que viven en otros países. Pero no es posible hacer lo mismo con los millones que van a los narcotraficantes, porque primero deben ser legalizados, o «lavados«, lo que dificulta que este flujo de dólares ingrese al circuito financiero legal.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, acaba de declarar que la crisis económica se debe a que el país está «pagando las facturas» de la mala gestión de la economía durante el gobierno de Evo Morales. Los partidarios de Evo Morales se hacen eco de esta afirmación recordando a Marcelo Montenegro que quien manejó la economía a favor de los cocaleros fue Luis Arce Catacora, como ministro de Economía entre 2006 y 2017.
La crisis ha convertido a La Paz en una ciudad sitiada, mientras los maestros protestan por la ideologización del sistema educativo y los jubilados protestan porque el Gobierno ha decidido echar mano de los aportes de los trabajadores para tapar los agujeros de un déficit fiscal ya crónico.
Y todo esto mientras una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visita y escucha manifestaciones que reflejan las diferencias políticas entre los bolivianos, entre los que odian al gobierno y los que quieren defenderlo.
Con las prisas, el gobierno no pudo evitar que el Parlamento aprobara una ley que define como «terrorista» a cualquier ciudadano que proteste contra las autoridades, como ocurre en Cuba o Nicaragua. Esta ley también incluye la intención del gobierno de aplicar la censura preventiva a las actividades periodísticas y a las redes sociales.
