En un giro político significativo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia emitió la Sentencia Constitucional 1010/2023 el pasado viernes 29 de diciembre, anulando la posibilidad de reelección presidencial indefinida y, por ende, inhabilitando al expresidente Evo Morales para las elecciones de 2025.
La sentencia, que se basa en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en 2019, establece que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano. Según esta nueva normativa, tanto el presidente como el vicepresidente, senadores, diputados y las autoridades judiciales no pueden ejercer un mandato por más de dos veces de manera consecutiva o discontinua.
Esta decisión marca un giro respecto a una sentencia previa emitida por el mismo TCP en 2017, que habilitó a Evo Morales para postularse nuevamente, argumentando la violación de sus derechos humanos tras desconocer los resultados de un referéndum en 2016. En dicho referéndum, la mayoría de los bolivianos votó en contra de modificar la Constitución para permitir más de dos periodos presidenciales consecutivos.
La noticia ha generado reacciones encontradas en la arena política boliviana. Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), criticó la medida, considerándola una estrategia para proscribir a su partido y eliminarlo políticamente. Morales acusó a algunos magistrados de complicidad con un supuesto «Plan Negro» ejecutado por el gobierno y orquestado por la derecha boliviana.
Por otro lado, figuras de la oposición, como la expresidenta Jeanine Añez y el expresidente Jorge Quiroga, elogiaron la decisión del TCP. Añez afirmó que el tribunal «pone punto final al delirio de Evo Morales de reelegirse por siempre» y destacó la necesidad de que Morales responda ante la justicia por presuntos delitos.
En medio de estas tensiones, el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, quien antes fue aliado de Evo Morales, se ha convertido en su «peor enemigo», según palabras del propio Morales. El expresidente denunció en varias ocasiones la intención de Arce de inhabilitarlo para las próximas elecciones.
El escenario político boliviano se mantiene tenso, y aunque hasta ahora no se han registrado incidentes, los seguidores de Evo Morales han amenazado con respuestas contundentes en la calle ante la posibilidad de la inhabilitación. Morales, por su parte, anunció que tomarán decisiones y acciones conjuntas para defenderse de lo que considera ataques políticos de la derecha interna y del «imperio». La democracia en Bolivia, una vez más, se encuentra en un momento crucial que marcará el futuro político del país andino.
