La captura de Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra el 13 de marzo de 2026 desató una controversia jurídica internacional. Mientras el Gobierno boliviano celebra la operación como un éxito en la lucha contra el narcotráfico, los abogados defensores del capo uruguayo afirman que la forma en que fue capturado y entregado a la DEA violó de manera flagrante la normativa boliviana y los estándares mínimos del debido proceso. El debate pone en el centro una pregunta incómoda: ¿puede el fin justificar los medios cuando se trata de derechos procesales?
Una captura relámpago que desafía la legalidad
Según la defensa de Marset, «hubo una vulneración de derechos, un atropello a la normativa de Bolivia, no se respetó el debido proceso, mucho menos la presunción de inocencia o el derecho a defensa».
El abogado uruguayo Santiago Moratorio, quien encabeza la defensa de Marset, fue directo en su valoración del operativo: calificó lo ocurrido en Bolivia como «llamativo, raro e ilegal» y aseguró que hubo «una expulsión exprés» sin respeto al debido proceso.
El punto central del cuestionamiento radica en los tiempos del procedimiento. La defensa señala que «no hubo proceso de extradición», que Marset «no fue sometido a un proceso de extradición, sino que fue una expulsión exprés» y que la detención se produjo a las 3 de la mañana para luego expulsarlo del país a las 9 de la mañana.
El artículo 37 de la Ley Migratoria boliviana, en el centro del debate
En criterio del abogado Moratorio, hubo una vulneración directa del artículo 37 de la Ley Migratoria boliviana, que exige un plazo mínimo de 15 días hábiles para que un extranjero pueda ejercer su derecho a la defensa antes de ser expulsado.
«En ese horario (madrugada), ¿qué tipo de defensa o derecho a recurrir pudo haber tenido nuestro defendido?», cuestionó el abogado. Además, advirtió sobre la presunta omisión del artículo 180 del Código Penal boliviano, relativo a la impugnación de resoluciones.
En palabras de Moratorio: «Lo que ocurrió fue una expulsión exprés que no respetó la ley de expulsión boliviana. No hubo derecho a impugnar nada.»
El Gobierno boliviano defiende la legalidad del operativo
La postura oficial es diametralmente opuesta a la de la defensa. La Cancillería boliviana señaló que la actuación del Estado se realizó «con la firmeza que exige la ley y en el marco de los procedimientos legales vigentes», y que la expulsión se ejecutó «garantizando su vida e integridad física y cumpliendo los protocolos migratorios correspondientes».
Por su parte, el Ministro de Gobierno justificó la celeridad del proceso por razones de seguridad: el ministro Marco Antonio Oviedo afirmó que mantener al capo en cárceles bolivianas como Palma Sola, El Abra o Chonchocoro habría generado hechos de violencia dentro de los penales, y señaló que sobre Marset pesaba una orden internacional de captura con notificación roja de Interpol, lo que permitió ejecutar la expulsión.
El equipo legal y el estado actual del caso
Moratorio presentó al equipo de profesionales que defenderá a Marset en Estados Unidos: el uruguayo Rodrigo da Silva, especialista penal con más de 26 años de residencia en ese país; Michael Padula, exfiscal federal con trayectoria en Miami y Washington; y Jean Rossy, quien actualmente acompaña a Marset en Virginia.
La defensa aclaró que Marset no ha hecho ninguna declaración, y que el lunes se presentó ante un juez magistrado, no ante quien lo juzgará. Entre 10 y 14 días habrá una tercera lectura de cargos.
El cargo por el que lo investigan hasta el momento es conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico, mediante transferencias de dinero ilegal que pasaron por bancos de Estados Unidos.