Bolivia atraviesa su peor crisis social en décadas. Grafitis con la consigna «¡Fuera Rodrigo Paz!» aparecieron en la capital política del país, mientras el presidente centroderechista, en apenas seis meses de gobierno, se enfrenta a un escenario de protestas multisectoriales que analistas describen como un «cóctel» de reclamos económicos, errores políticos e intereses partidarios difíciles de desanudar. Desde bloqueos de rutas hasta marchas en La Paz, la convulsión social pone a prueba la gobernabilidad del primer gobierno de centrista en Bolivia tras dos décadas de hegemonía socialista.
El detonante: gasolina contaminada y una reforma agraria rechazada
Según informo swissinfo. Bolivia agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles. Poco después de llegar al poder en noviembre, Paz los eliminó. El precio se duplicó y, encima, las gasolineras comenzaron a vender combustible contaminado que dañó miles de vehículos, lo que indignó a la ciudadanía, principalmente a los transportistas. La población no tardó en bautizar el fenómeno como «gasolina basura», un término que se convirtió en emblema del descontento.
A esto se sumó un segundo frente de conflicto. El gobierno anunció una ley que convertía pequeñas propiedades rurales en medianas para facilitar a los propietarios el acceso a crédito, pero comunidades campesinas e indígenas la rechazaron por el temor a que sus tierras terminaran en manos de bancos y, posteriormente, de latifundistas.
La politóloga Adriana Rodríguez señaló que sectores de la denominada «Bolivia profunda» —campesina e indígena— habían votado por Paz y que, al verse excluidos del poder político, comenzaron a presionar en medio de lo que calificó como la «tibieza del gobierno» frente a los problemas urgentes.
Una protesta sin líder único y con múltiples agendas
Sin un solo líder, el movimiento de protestas se amplió en mayo con la incorporación de maestros, obreros y mineros. Frente a una inflación que en 2025 fue del 20%, la Central Obrera Boliviana (COB) reclamó un aumento salarial equivalente, mientras que los docentes exigieron jubilación con el salario total.
La politóloga Daniela Osorio-Michel, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), advirtió que la fragmentación del movimiento es precisamente uno de sus rasgos más complejos: cada sector responde a intereses propios, sin una conducción centralizada. Esa dispersión, paradójicamente, incrementa la dificultad del gobierno para entablar un diálogo efectivo.
Para la politóloga Ana Lucía Velasco, parte de las motivaciones son políticas: sectores de oposición estarían aprovechando los errores del gobierno para ganar capital hacia la rearticulación de la izquierda boliviana.
El factor Evo Morales: entre la acusación y el desgaste
El gobierno de Rodrigo Paz ha señalado al expresidente Evo Morales (2006–2019) como instigador de las protestas. Una marcha de seguidores del exmandatario llegó el lunes a La Paz, y el gobierno lo acusa de intentar retornar al poder mediante la desestabilización institucional.
Sin embargo, los analistas advierten que esa narrativa simplifica el problema. Velasco fue directa: el gobierno está polarizando al estigmatizar a Morales como el único responsable, cuando en realidad los errores propios han escalado la situación. El exlíder cocalero, prófugo por un caso de presunta trata de una menor y refugiado desde 2024 en la zona cocalera del Chapare, denuncia por su parte un supuesto plan de Washington para detenerlo o matarlo con el respaldo del gobierno de Paz.
Estados Unidos, sin mencionarlo explícitamente, aseguró que Bolivia enfrenta un intento de «golpe de Estado» y advirtió que no permitirá que «criminales y narcotraficantes» derriben a un líder democrático.
El analista Daniel Valverde, sin embargo, matizó el peso real de Morales en la coyuntura: aunque mantiene capacidad de convocatoria, su influencia está muy acotada, y los resultados de las últimas elecciones evidenciaron un desencanto ciudadano hacia su figura.
¿Qué margen le queda al gobierno?
La respuesta de los analistas es contundente: muy poco. Velasco afirmó que, una vez que las demandas escalan hasta pedir la renuncia del presidente, el gobierno no puede ceder sin un costo político enorme. Lo que queda es una «guerra de desgaste»: ver quién se agota primero, si el gobierno, los ciudadanos o los manifestantes.
Paz advirtió que no negociará con «vándalos», aunque anunció que nombrará ministros con «capacidad de escucha» en un intento por distender el ambiente.
Para Valverde, el escenario más probable es que el gobierno deba equilibrar fuerzas con los distintos sectores para sostenerse en el poder con mayor debilidad política, forzado en los hechos a cumplir las promesas de campaña que articuló en torno a un «capitalismo para todos».
Preguntas frecuente (FAQ)
¿Por qué hay protestas en Bolivia en 2026?
Las protestas obedecen a múltiples factores: la eliminación de subsidios a los combustibles por el gobierno de Rodrigo Paz, que duplicó el precio de la gasolina; la comercialización de combustible contaminado que dañó vehículos; el rechazo campesino e indígena a una reforma agraria; y los reclamos salariales de sindicatos y maestros ante una inflación del 20% en 2025.
¿Qué papel tiene Evo Morales en la crisis boliviana?
El gobierno de Paz acusa al expresidente Evo Morales de estar detrás de las protestas para retornar al poder. Sin embargo, analistas señalan que el gobierno usa esa narrativa para simplificar una crisis que tiene múltiples causas y actores. Morales, prófugo y refugiado en el Chapare desde 2024, mantiene influencia pero con un respaldo electoral significativamente disminuido.
¿Qué piden los manifestantes en Bolivia?
Los reclamos son heterogéneos: la Central Obrera Boliviana exige un aumento salarial del 20%, los maestros reclaman jubilación con salario total, los transportistas protestan por la «gasolina basura», y comunidades campesinas rechazan la ley de tierras. Conforme la crisis se prolongó, sectores comenzaron a exigir la renuncia del presidente Paz.
¿Tiene solución la crisis política en Bolivia?
Los analistas son pesimistas a corto plazo. Una vez que las demandas escalaron hasta pedir la renuncia presidencial, el margen de negociación se redujo al mínimo. El escenario más probable es una «guerra de desgaste» que obligará al gobierno a gobernar más debilitado, forzado a dar concesiones a múltiples sectores simultáneamente.