Nos despojan del lugar donde vivimos. No nos dejan trabajar. Cuando vienen, nos dicen: «Ustedes son chimanes, no saben trabajar. Vosotros los chimanes sois unos vagos»… ¡Fuera de aquí!. Entonces vinieron una noche, demolieron todas nuestras casas, arrancaron nuestras plantas, taparon nuestras ruedas hidráulicas. Por eso vine a reclamar nuestro territorio, quisiera que nos escuchen, estamos reclamando un territorio, dijo Adela Rivero Nate, colíder de la «Comunidad Chimán» de Agua Salada.
A la audiencia también asistieron el presidente de la «Subcentral del Concejo Chimane» del sector Yacuma, Rosendo Melena Nate, el secretario de Salva, Walter Sánchez, y el secretario de Turismo, Miguel Cayabare. En la audiencia se entregó un documento escrito en el que se detalla la problemática que este pueblo indígena viene afrontando desde hace varios años en relación con su territorio.
Como comunidades, siempre hemos solicitado al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que certifique la personería jurídica de nuestras comunidades, pero nunca nos han ayudado. Por eso hemos venido aquí a contarles nuestros problemas y todo lo que hemos sufrido, dijo Merena durante la reunión, a la que también asistieron técnicos de la Fundación TIERRA.
El pueblo Chimán mantiene una organización social dinámica de pequeñas comunidades compuestas por seis o siete familias. Su patrón de asentamiento es seminómada, caracterizado por el sobaqui (viajes o visitas) dentro de redes dispersas de parientes. Sus asentamientos están sujetos a cambios frecuentes y bruscos, ya que las familias se desplazan para trabajar y vivir en lugares diferentes. Cuando surgen conflictos, evitan la confrontación trasladándose o cambiando de residencia, lo que se ha vuelto difícil debido a la presión sobre su territorio.
En la nota presentada por los indígenas, destacan que su pueblo no tiene tierra, a pesar de la apertura del proceso de titulación de tierras en el país.
Asimismo, denuncian que si bien se ha verificado la existencia de 14 comunidades chimanes de Yacuma que habitan entre Yucumo y Rurrenabaque (norte de La Paz), el Estado, a través de la Gobernación del Beni, les ha negado el reconocimiento de su personería jurídica, lo que va en desmedro de su demanda de tierras, su derecho a la identidad, organización y participación.
Por otro lado, denunciaron que el INRA ha identificado la existencia de varias de sus comunidades, pero debido a un criterio «agrario», no las ha tomado en cuenta en su demanda de tierras, considerando que tienen asentamientos de cinco a ocho familias pero sin producción agrícola, según un comunicado de TIERRA.
Los chimanes también denunciaron el constante avasallamiento al que son sometidos por parte de grupos interculturales, la criminalización a la que han sido sometidos sus dirigentes por defender sus territorios, los desplazamientos a los que han sido llevados mediante engaños, los daños causados por incendios a sus viviendas y las amenazas a sus pobladores.
«Nuestro derecho al hábitat es vulnerado y tememos a diario ser despojados del poco territorio que ocupamos», reza parte de la documentación entregada a la CIDH. En la audiencia también se presentaron denuncias de diversa índole por parte de los pueblos indígenas, Yuqui y Yuracaré del pueblo indígena Sacaba de Cochabamba.
Desde el 27 de marzo, la CIDH está presente en el país para observar la situación de los derechos humanos. En el marco de esta gira, que finalizó el 31 de marzo, se programaron reuniones en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre.
Como resultado de la visita, se espera que la CIDH publique un informe nacional con observaciones, conclusiones y recomendaciones al Estado. La delegación que escuchó a los pueblos indígenas estuvo encabezada por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Primera Vicepresidenta y Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.