El gobierno boliviano del presidente Rodrigo Paz promulgó el miércoles 27 de mayo de 2026 la Ley 1732, que abroga la Ley 1341, la norma que desde julio de 2020 regulaba los estados de excepción en el país. La medida fue aprobada en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa y llega cuando Bolivia enfrenta la cuarta semana consecutiva de bloqueos de carreteras en seis de sus nueve departamentos, con desabastecimiento de alimentos y combustible en la sede de Gobierno y una creciente presión sobre el presidente para que renuncie.
Bolivia sin ley regulatoria de los estados de excepción: qué cambia y qué riesgos implica
El presidente boliviano Rodrigo Paz promulgó el miércoles la Ley 1732, publicada en la Gaceta Oficial, que en un artículo único elimina la Ley 1341. Esta última había sido aprobada en julio de 2020 por la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, en plena crisis política durante el gobierno interino de Jeanine Añez, cuando masivas protestas sociales exigían la convocatoria de elecciones. La abrogación se efectúa en un contexto de escalada social sin precedentes desde el retorno de la democracia.
Qué establecía la ley abrogada
La Ley 1341 era un instrumento que equilibraba las atribuciones del Ejecutivo y el Legislativo frente a situaciones de excepción. Sus disposiciones más relevantes eran:
- Límite temporal: fijaba un máximo de 60 días para la vigencia de un estado de excepción.
- Control legislativo: impedía declarar un nuevo estado de excepción sin autorización previa de la Asamblea Legislativa.
- Sanciones acotadas: establecía que las infracciones al cumplimiento de la medida solo podían penarse con multas equivalentes al 10% del salario mínimo nacional.
- Responsabilidad de funcionarios: anulaba las disposiciones que eximieran de responsabilidad a servidores públicos en la ejecución del estado de excepción.
- Facultad de revocación: otorgaba a la Asamblea Legislativa la potestad de modificar, rechazar o dar por concluida la medida en cualquier momento de su vigencia.
Precisamente estas últimas disposiciones fueron calificadas de inconstitucionales y restrictivas para las atribuciones presidenciales por parte del oficialismo.
El marco constitucional que queda vigente
Con la abrogación de la Ley 1341, el único marco normativo que regula los estados de excepción en Bolivia es ahora la Constitución Política del Estado (CPE). La Carta Magna otorga al Ejecutivo la atribución exclusiva de declarar un estado de excepción, pero también impone condiciones: prohíbe la suspensión de derechos fundamentales, veda la declaratoria de más de una medida en el mismo año, y exige que su vigencia sea ratificada por la Asamblea Legislativa en un plazo no mayor a 72 horas.
El abogado constitucionalista José Luis Santistevan explicó a Infobae que ese mecanismo de ratificación parlamentaria permanece intacto: la Asamblea debe analizar la declaratoria y ratificarla o dejarla sin efecto dentro de ese plazo. Sin embargo, precisó que la nueva situación obliga a legislar una norma sustituta que regule el estado de excepción «en sintonía con el texto constitucional y que no destruya la herramienta». En sus palabras, el Ejecutivo necesita una ley, «pero que no coarte al presidente de ejercer su atribución».
El presidente del Senado y aliado de Paz, Diego Ávila, fue más enfático al defender la medida: «Es una ley que ponía demasiadas limitaciones a la posibilidad de pacificar el país», justificó. Y añadió que la facultad de declarar el estado de excepción «la tiene con o sin la ley», en alusión directa al marco constitucional que permanece vigente.
Bolivia en su cuarta semana de bloqueos
La abrogación se produce en un momento de alta conflictividad política y social. Este miércoles se inicia la cuarta semana de bloqueos de rutas que tienen sitiada a La Paz —sede de Gobierno— con severas limitaciones en el abastecimiento de alimentos y combustible. Las movilizaciones abarcan seis de los nueve departamentos del país y son sostenidas por un arco amplio de actores: campesinos del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales. El reclamo central de estos sectores es la renuncia de Paz, aunque el trasfondo, según analistas y voceros de las protestas, es la exclusión de comunidades indígenas campesinas y la clase trabajadora de la gestión de gobierno.
El Ejecutivo ha convocado espacios de diálogo con sectores que presentan demandas sectoriales concretas, pero ha descartado negociaciones con quienes exigen la dimisión del presidente. Como gesto de inclusión, la administración de Paz creó el Consejo Económico y Social, de carácter consultivo, convocado por primera vez este mismo miércoles.
Analistas advierten sobre un escenario de excepción
El analista y consultor político Carlos Saavedra describió la situación como un punto de inflexión. «Estamos entrando a un momento de decisiones definitivas», señaló. Para Saavedra, la opción del diálogo se encuentra «cada vez más desgastada» y considera que se está configurando un escenario de estado de excepción, lo que implicaría trasladar la disputa «de los espacios políticos al enfrentamiento de los movilizados con las fuerzas del Estado».
El analista también subrayó que la única salida viable para Paz es construir un gobierno de amplios pactos políticos y sociales: «Sin pactos no va a haber posibilidad de gobernar», advirtió. En ese diagnóstico coinciden sectores de la oposición y observadores que, independientemente de su postura frente a los bloqueos, señalan que Bolivia transita uno de sus momentos institucionales más complejos desde el retorno a la democracia.
La eliminación de la Ley 1341 despeja formalmente el camino para que el Ejecutivo declare un estado de excepción con menos restricciones legislativas. Si bien la Constitución mantiene el requisito de ratificación parlamentaria en 72 horas, la ausencia de una norma reglamentaria específica genera incertidumbre jurídica sobre su implementación efectiva. La pregunta que queda abierta es si la Asamblea Legislativa aprobará una norma sustituta antes de que el conflicto obligue a tomar una decisión de esa magnitud.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué es la Ley 1732 de Bolivia?
Es la norma promulgada el 27 de mayo de 2026 por el presidente Rodrigo Paz que abroga en un artículo único la Ley 1341, eliminando así el marco legal específico que regulaba los estados de excepción en Bolivia desde 2020.
¿Qué establecía la Ley 1341 que fue abrogada?
Limitaba los estados de excepción a un máximo de 60 días, impedía declarar uno nuevo sin autorización legislativa, restringía las sanciones a multas del 10% del salario mínimo y facultaba a la Asamblea para revocarlos en cualquier momento.
¿Puede declararse un estado de excepción en Bolivia sin la Ley 1341?
Sí. La Constitución Política del Estado mantiene la atribución exclusiva del Ejecutivo para declararlo, aunque exige ratificación de la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas para que entre en vigencia.
¿Cuántas semanas llevan los bloqueos en Bolivia en mayo de 2026?
Al 27 de mayo de 2026, Bolivia cumple cuatro semanas de bloqueos de carreteras que afectan seis de sus nueve departamentos, con desabastecimiento en La Paz.
¿Quiénes lideran los bloqueos en Bolivia?
Las movilizaciones son sostenidas por campesinos del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.