La región boliviana de Santa Cruz, la más poblada, motor productivo del país y baluarte de la oposición, lidera el paro indefinido que llevan a cabo durante cuatro días transportistas, comerciantes, sectores cívicos y opositores, medida que para el Gobierno es una nuevo intento de «golpe».
La consigna principal es conseguir que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce derogue la ley sobre la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de los Beneficios Ilícitos y el Financiamiento del Terrorismo, que consideran un atentado contra las libertades ciudadanas, y que se derogan otras normas cuestionadas.
El paro nacional indefinido, en pie desde el pasado lunes, ha sido parcial en varias regiones aunque con bloqueos, marchas, caravanas y ayuntamientos constantes que han dado paso a grupos relacionados con el Gobierno y la Policía para intervenir bajo la premisa de defender la libre circulación, que ha provocado fuertes incidentes.
«El camionazo»
Una caravana de camiones del sector de transporte pesado se manifestó en las calles de Santa Cruz con carteles pidiendo la nulidad de la «ley maldita» y argumentando que la protesta es por el «futuro» del país.
Los camiones de alto tonelaje de carga nacional e internacional desfilaron en alabanza a la bandera de Bolivia y Santa Cruz en medio de aplausos de algunos ciudadanos identificados con esa causa que mantenían puntos de bloqueo.
Sin embargo, su intención de acercarse al centro de la ciudad fue impedida por la Policía de Bolivia, algo que generó momentos de tensión con los manifestantes que reclamaron su derecho a protestar, aunque posteriormente decidieron realizar su última reunión en otro punto.
La protesta reunió a un millar de operadores de vehículos de alto tonelaje de diferentes puntos del departamento y que según algunos de sus dirigentes continuará hasta que el Gobierno responda a sus demandas.
Una tensión regional
En este contexto, existe una tensión entre la región de Santa Cruz y el gobierno boliviano que acusa a sus líderes de promover «el odio y la mentira» en algunos sectores populares para que «apoyen sus planes golpistas», dijo este jueves en conferencia de prensa. en La Paz., la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Prada acusó al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, de «hablar públicamente y con abierta hostilidad» de «derrocar» al gobierno.
Sin embargo, el líder cívico en un discurso el día anterior se refirió al riesgo de que esto ocurra en caso de que sectores antes relacionados con el oficialismo como los mineros de Potosí se sumen a las protestas.
“Detén tu discurso de odio y tus mentiras. Gobierne para todos los bolivianos. Usted es un presidente que no dialoga ni escucha al pueblo y sus sectores, que están en las calles contra su paquete de leyes persecutorias”, fue la respuesta de Calvo al presidente Arce, quien aludió a sus palabras en un mitin masivo en el Trópico de México. Cochabamba.
Por su parte, el gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando Camacho, presentó una denuncia ante la Fiscalía, considerando que algunos policías han cometido excesos como cuando apuntaron con una lanza de gas a un manifestante y forcejearon con una persona discapacitada.
A esta situación se sumó el apoyo a la huelga ofrecido por el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, cuestionado hace unos días por su neutralidad ante la demanda regional y que está relacionado con el MAS a pesar de pertenecer a la Unidad Cívica Solidaridad (UCS) partido.
Fernández anunció que envió una nota al presidente Arce para atender las demandas de los movilizados que considera «legítimas».
Los sectores de Santa Cruz en protesta confirmaron para este viernes la quinta jornada de paro luego de cierta flexibilización que se dio estos días para que la población se abastezca de alimentos.
Bolivia ha experimentado una persistente polarización política desde 2019 que para el Gobierno lo que ocurrió fue un “golpe de Estado” y ahora ve que las protestas de varios sectores buscan un efecto similar a los hechos de ese año.
