Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España implica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el cobro de 200.000 euros provenientes del Grupo Gloria, conglomerado industrial peruano, a cambio de gestionar reuniones con el presidente boliviano Luis Arce y otros altos funcionarios del Estado Plurinacional para favorecer a la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) en un litigio que alcanza los 107 millones de dólares. La investigación, radicada en el Tribunal Central de Instrucción de Madrid, sostiene que los pagos se canalizaron a través de una empresa peruana sin actividad real utilizada como pantalla para enmascarar las transferencias.
El origen del caso: inteligencia financiera y una empresa fantasma
La investigación que hoy sacude la política española tuvo su punto de partida en la detección de tres transferencias bancarias ingresadas en la cuenta personal de Rodríguez Zapatero entre julio de 2024 y junio de 2025. Los agentes de la UDEF identificaron como origen formal de esos fondos a Focus Social Research, una pequeña empresa peruana dedicada formalmente al marketing que carece de página web y no registra actividad vinculada a las gestiones que se le atribuyen.
Tras rastrear la cadena de intermediación, los investigadores concluyeron que esa sociedad operó como tapadera y que el verdadero origen de los pagos era el Grupo Gloria, uno de los mayores conglomerados industriales de Perú, con presencia en Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. La figura que habría actuado es la del expresidente del gobierno español como intermediario político de alto nivel ante el ejecutivo boliviano, encuadrada por la UDEF en la investigación por tráfico de influencias que ya se sigue en el marco del denominado caso Plus Ultra.
El litigio boliviano: SOBOCE contra FANCESA
El conflicto que motivó las presuntas gestiones se remonta a 2011, cuando la Fábrica Nacional de Cementos (FANCESA), empresa pública boliviana, interpuso una demanda por competencia desleal contra la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), filial del Grupo Gloria en Bolivia. El fondo del caso reside en que SOBOCE habría utilizado indebidamente acciones de FANCESA como garantía para financiar su propia expansión empresarial.
Tras años de recursos y apelaciones, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ratificó en febrero de 2025 la condena: SOBOCE debía abonar a FANCESA 107 millones de dólares. El conflicto se agravaba adicionalmente por dos frentes paralelos: el impago de la compensación por la nacionalización de acciones de SOBOCE y un cargo fiscal de 12 millones de dólares pendiente de resolución.
Fue en ese escenario de presión judicial máxima donde el Grupo Gloria habría recurrido a Rodríguez Zapatero como canal de influencia ante las más altas instancias del Estado boliviano.
La firma del contrato y la arquitectura de la operación
Las primeras gestiones documentadas por la UDEF datan de mayo de 2024. El 8 de ese mes, Carmen Almendras Camargo, exembajadora de Bolivia en España y asesora de la consultora Kreab Bolivia, acudió a la oficina que Zapatero mantiene en la calle Ferraz de Madrid. Al día siguiente, la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, remitió a Almendras un borrador de contrato de asesoría, y dos días después ambas se reunieron en el hotel AC Santo Mauro de la capital española junto a otras cuatro personas.
La interlocutora directa del Grupo Gloria en las negociaciones fue Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos del conglomerado, quien negoció los términos del acuerdo y acudió personalmente a la oficina de Ferraz para la firma. El contrato, fechado el 10 de mayo de 2024, fijaba honorarios de 200.000 euros distribuidos en tres pagos, más 10.000 euros por día de viaje. Significativamente, la empresa que figuraba como cliente en el documento no era el Grupo Gloria sino Focus Social Research, sociedad que, según la UDEF, únicamente aparece en dos momentos de toda la operación: en la firma del contrato y en el envío de las transferencias.
Ese mismo día de la firma, Ospina facilitó a la secretaria Alcázar el teléfono personal del presidente ejecutivo del Grupo Gloria, Claudio Rodríguez Huaco, con la anotación «para el presidente», en referencia a Zapatero. Poco después, Almendras remitió a Alcázar documentación confidencial sobre los litigios de SOBOCE en Bolivia, incluyendo la condena por competencia desleal y las propuestas de conciliación presentadas ante las autoridades bolivianas.
Reuniones en La Paz con Arce y Montenegro
En septiembre de 2024, Rodríguez Zapatero viajó a La Paz y Sucre. Antes de partir, su secretaria coordinó por WhatsApp con la ministra de la Presidencia boliviana, María Nela Prada, y con la jefa de Gabinete del presidente, Fabiola Salazar, las reuniones que Zapatero sostendría con el entonces presidente Luis Arce y con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Ambos encuentros se celebraron el 15 de septiembre de 2024 en la sede del gobierno boliviano en La Paz.
Dos días antes del viaje, Alcázar había solicitado a Almendras, por indicación expresa de Zapatero, una actualización sobre el litigio de SOBOCE y las posibles vías de solución. Almendras respondió de inmediato con un documento que recogía cinco alternativas de negociación.
En la comitiva que acompañó al expresidente también viajaron el entonces secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, y los empresarios Domingo y Guillermo Amaro Chacón, cuyas sociedades, según otros informes de la UDEF, habrían realizado pagos a empresas vinculadas a Zapatero por más de 800.000 euros.
Gestiones con el ministro de Justicia y contacto con el Procurador General
Las diligencias ante las autoridades bolivianas no concluyeron con el viaje de septiembre. En diciembre de 2024, Zapatero coordinó una reunión entre directivos del Grupo Gloria —Díaz Olivero, Ospina y Shwortshik— y el ministro de Justicia boliviano, César Siles. En paralelo, se reunió en Madrid con el vicepresidente del conglomerado peruano.
Tras la ratificación de la condena de 107 millones de dólares por parte del Tribunal Supremo boliviano en febrero de 2025, el ritmo de las gestiones se intensificó. El 4 de mayo de ese año, Zapatero habló por teléfono con el presidente Arce, llamada que su secretaria coordinó con la jefa de Gabinete presidencial. Al día siguiente, Alcázar trasladó a Salazar una solicitud específica: que el presidente Arce instruyera al Procurador General del Estado —la máxima autoridad boliviana en arbitrajes internacionales de inversión— para que Zapatero pudiera contactarle directamente en nombre del grupo empresarial. El mensaje, según la transcripción incorporada al informe de la UDEF, señalaba textualmente que el expresidente Zapatero llamaría a ese funcionario en cuanto el mandatario boliviano le hubiera preparado el terreno.
Finalmente, la misma secretaria informó a la jefa de Gabinete de que el ministro de Justicia ya había trasladado las instrucciones pertinentes al Procurador de manera directa, por lo que Zapatero consideró innecesaria su llamada personal.
La sentencia queda suspendida y llegan los pagos finales
El 30 de mayo de 2025, un tribunal boliviano declaró procedente el recurso de amparo presentado por SOBOCE y dejó en suspenso la sentencia que obligaba al pago de los 107 millones de dólares. Tres semanas después, los días 16 y 20 de junio de 2025, Focus Social Research ordenó dos transferencias de 50.000 euros cada una a la cuenta personal de Rodríguez Zapatero, completando el abono íntegro de los 200.000 euros pactados en el contrato.
La UDEF subraya que la secuencia cronológica entre las gestiones ante las autoridades bolivianas, la resolución judicial favorable a SOBOCE y el pago de los honorarios restantes apunta a una relación de causa y efecto. La decisión definitiva sobre la validez del amparo corresponde ahora al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que aún no se ha pronunciado al respecto.
Contexto político e implicaciones para Bolivia
El caso tiene una dimensión que trasciende los tribunales españoles. Los hechos descritos por la UDEF involucraron directamente a figuras de primer nivel del gobierno del entonces presidente Luis Arce, incluyendo su ministra de la Presidencia, su jefa de Gabinete, su ministro de Economía, su ministro de Justicia y, de manera específica, al Procurador General del Estado, figura clave en las disputas de inversión internacional que Bolivia mantiene ante tribunales arbitrales.
SOBOCE es una de las mayores empresas cementeras del país y su disputa con FANCESA tiene implicaciones directas para el patrimonio del Estado boliviano y para la integridad del sistema judicial del país. La posible interferencia de un expresidente extranjero —actuando como gestor remunerado de un grupo empresarial privado— ante instancias gubernamentales bolivianas plantea preguntas sobre los mecanismos de control que existen para evitar el tráfico de influencias en procesos judiciales de alto impacto económico.
Rodríguez Zapatero ha negado en declaraciones públicas haber intervenido irregularmente en ningún proceso y sostiene que toda su trayectoria profesional se ha ajustado a la legalidad. Su caso se instruye en el Tribunal Central de Instrucción de Madrid en el marco del caso Plus Ultra, donde ya está formalmente imputado.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué es el caso Plus Ultra y por qué involucra a Zapatero?
El caso Plus Ultra es una investigación judicial en España sobre el rescate público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. La UDEF amplió la investigación para incluir presuntos pagos irregulares a Zapatero por gestiones ante gobiernos extranjeros, incluyendo el de Bolivia.
¿Qué es SOBOCE y cuál es su relación con Bolivia?
La Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) es una empresa cementera con operaciones en Bolivia, filial del Grupo Gloria de Perú. Fue condenada en 2025 por el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia a pagar 107 millones de dólares a la Fábrica Nacional de Cementos (FANCESA) por competencia desleal.
¿Qué autoridades bolivianas aparecen implicadas en el informe de la UDEF?
El informe menciona al entonces presidente Luis Arce, al ministro de Economía Marcelo Montenegro, a la ministra de la Presidencia María Nela Prada, a la jefa de Gabinete presidencial Fabiola Salazar, al ministro de Justicia César Siles y al Procurador General del Estado, en relación con reuniones gestionadas por el entorno de Zapatero.
¿Cuánto cobró Zapatero según la UDEF y cómo se canalizaron los pagos?
La UDEF documenta el cobro de 200.000 euros en tres pagos, canalizados a través de la empresa peruana Focus Social Research, identificada por los investigadores como una sociedad sin actividad real utilizada para encubrir el origen de los fondos provenientes del Grupo Gloria.
¿Qué ocurrió con la condena de 107 millones de dólares contra SOBOCE?
El 30 de mayo de 2025, un tribunal boliviano aceptó el recurso de amparo presentado por SOBOCE y dejó en suspenso la sentencia. La decisión definitiva corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que aún no se ha pronunciado.
¿Ha admitido Zapatero las acusaciones de la UDEF?
No. Rodríguez Zapatero ha negado públicamente haber actuado de forma irregular y sostiene que toda su actividad profesional se ha desarrollado dentro de la legalidad. Está formalmente imputado en el Tribunal Central de Instrucción de Madrid.